Neoliberalismo y una Nueva Hispaniola
Por Argelia Tejada Yangüela.
Recientemente, Leonel Fernández, el principal constructor de la política desfalcadora de los bienes públicos a partir del 1996, se refirió al “mundo sin fronteras” en que vivimos. En su imaginario este es el mundo bajo el cual gobernó durante 12 años, y continúa gobernando bajo bastidores. Pero para el 99% de los 10.2 millones de dominicanos y extranjeros que residen en territorio dominicano, las fronteras son reales. La mayoría se iría del país si consiguiera visa y muchos arriesgan sus vidas en botes inadecuados para probar suerte en otros países que legalmente los rechazan. No hay fronteras para el capital, pero sí para los trabajadores.
Para Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá, los países ricos árabes y demás países desarrollados, las fronteras también son reales. Dejan salir, pero no dejan entrar a los que consideran competidores de fuentes de trabajo, o cargas sociales. Los Estados Unidos defienden su frontera con México con una muralla; con centros de observación con tecnologías y armas modernas sofisticadas; con militares entrenados y bien pagados, que no tomarían peaje para arriesgar su carrera; y con aviones clones que detectan a los que intentan cruzar la frontera dentro de un radio amplio que permite su apresamiento y deportación.
Un solo caso de corrupción militar en la frontera México-americana se convierte en un escándalo rechazado por toda la sociedad estadounidense, intensamente nacionalista. Además, le costaría al militar su carrera, prisión, y exposición en los medios de comunicación. Una visa no se otorga si existe la menor duda de que la persona que la solicita piensa quedarse ilegalmente en el país. Este es el mundo sin frontera del Presidente dominicano que más dinero del pueblo ha gastado en foros internacionales y periodistas a sueldo para crearse la imagen contraria a sus acciones como presidente del país. Pero nadie puede negarle el honor de haber creado un “mundo sin frontera” entre República Dominicana y Haití. Por eso es bien recibido en el exterior. Es el único presidente que se ha entrevistado con un Presidente de los Estados Unidos y el único condecorado por un primer Ministro Canadiense. Esto lo enorgullece.
En la frontera domino-haitiana, los militares y las compañías transportistas tienen un gran negocio con vehículos que hacen ruta las 24 horas del día todos los días del año traficando con haitianos. En cada cuartel, los autobuses llenos de haitianos se paran para pagar peaje a los militares. El gobierno y las corporaciones se aprovechan de la mano de obra barata e ilegal, sin ningún sentido de responsabilidad ante los dominicanos pobres que se ven forzados a compartir servicios pésimos de educación y salud, y ven aumentar los problemas de hacinamiento, enfermedades infecciosas, y basura en sus comunidades.[1]
La inmigración ilegal sobrepasaba ya la capacidad del país para asimilarla aún antes del terremoto de enero del 2010. Ha contribuido a bajar el costo de la mano de obra en el país y reducido las oportunidades de cientos de miles de dominicanos desplazados por una mano de obra dispuesta a aceptar condiciones de trabajo que ya habían sido superadas. A menudo he escuchado en círculos estadounidenses que la causa de la emigración haitiana es que “los dominicanos no quieren trabajar”, comentario común en labios de empresarios dominicanos cuya prioridad es acumular ganancias sin medir consecuencias, ni para los trabajadores, ni para el país .
Desde el punto de vista de dirigentes campesinos,[2] los dueños de fincas prefieren contratar trabajadores haitianos. Aunque los “echa días” haitianos y dominicanos reciban el mismo pago de $300.00 por día de trabajo (2011), los dueños de fincas prefieren a los haitianos porque” estos recorren los campos en grupos y pueden realizar el mismo trabajo de forma rápida”.
¿Por qué la masiva emigración de los campesinos a las ciudades? Sin titubeos los dirigentes campesinos señalaron tres causas:
1) “La legalización de la tierra”. Esto es, las tierras estatales fueron repartidas por el gobierno del PLD entre los ricos. Las invasiones campesinas se orientaban a los terrenos públicos, no a los privados, y ya no hay tierras disponibles.
2) “Nuestros hijos no podían estudiar”. Por años dejaron que el local de la Federación Zambrana Chacuey funcionara como plantel escolar. Pero el campesinado, ha estado muy mal servido por escuelas multigrados y escuelas que solamente alcanzan el cuarto grado. Necesitaban un sistema de transporte, parecido al que usan todos los países desarrollados y semi-desarrollados, para transportar a los estudiantes a los centros escolares y devolverlos a sus hogares.
3) Sus asociaciones se llenaron de docentes del PLD que actuaron como freno a sus demandas. Algunos se preguntaban ¿qué hace un maestro en una asociación campesina?
En otras palabras, la emigración rural urbana, fue motivada por la limitación de la población campesina a accesar los servicios públicos que se ofertan en las ciudades, y a la corrupción estatal que les negó a las familias que siembran y producen los alimentos el acceso a la tierra.
El país perdió la oportunidad de lograr una auténtica reforma con el golpe de estado de 1963, cuando los terrenos y las industrias acumuladas por Trujillo pasaron al colectivo público. La Constitución de 1963 buscaba realizar una Reforma Agraria y dar prioridad en su gobierno a las clases campesina y obrera, y a las mujeres. El problema de Don Juan, fue que al elaborar la Constitución, se le olvidó sacar la tajada para la Iglesia Católica Romana. ¡Ni una guerra civil fue capaz de lograr la verdadera reforma que el país necesitaba después de 31 años de terrorismo estatal!
Treintaitrés años más tarde, el capitalismo de estado heredado del Trujillato se había ya convertido en el caldo de cultivo de la corrupción estatal y la desviación del rol legítimo del estado para convertirse en un estado depredador. El peso de la corrupción política en la crisis del CEA fue denunciado por Leonel Fernández, al iniciar su período de gobierno en 1996—algo que Danilo Medina debiera imitar.
En su discurso sobre el CEA (1996), Fernández señaló que “la corrupción ha arropado a casi todas las instancias del CEA y ha estado presente en casi todas las administraciones” y describe los mecanismos usados para desviar los recursos de la empresa a intereses particulares: (1) A través del pago de comisiones, las cuales llegaron a alcanzar el 40 por ciento del valor de las órdenes de compra; (2) a través del arrendamiento y venta de terrenos; (3), en las compras simuladas de piezas y repuestos; (4) en las compras de insumos y fertilizantes; (5) en el proceso de comercialización de los azúcares y mieles; y (6) en las importaciones del CEA.[3]
El resultado de la corrupción fue valorizado por Fernández: Durante el período 1991-1996; el CEA perdió el 44 por ciento de sus propiedades. De cerca de 5 millones de tareas de tierra que inicialmente poseía, en 1996 solamente tenía 2 millones 800 mil tareas. De 12 ingenios, dos habían sido cerrados.[4]
La solución de Fernández, fue la privatización de los ingenios y la asignación de los terrenos de mayor plusvalía por estar cercanos carreteras y centros urbanos a allegados y compañeros políticos, incluyendo políticos de la oposición, asegurando de ésta manera el silencio de la complicidad. Esto fue declarado por Julito Hazim en su programa televisivo. Rentó los dos ingenios de la zona Norte y tenía planes turísticos que no pudo realizar porque los terrenos fueron apropiados por los políticos.
A su vez, el modelo neo-liberal que se impuso a inicios de los años 80, abandonó la población campesina y dio preferencia a agro negocios para la exportación, mientras la producción de alimentos fue relegada al sector reformado de la Reforma Agraria de los años 70. El cuadro presentado más abajo refleja el cambio estructural que refleja la disminución del empleo agrícola en la producción nacional: pasó de absorber el 60.6% de la fuerza laboral en 1960, a subsumir el 17.5% en 1999. Puede argumentarse que éste patrón obedece a la dinámica de desarrollo capitalista, la cual mecaniza y expele mano de obra al sector industrial. Pero este no es el caso Dominicano.
En 1999, el sector industrial solamente ocupaba el 25% de la fuerza laboral, y esto, con el abultamiento de la categoría para incluir la construcción y la minería. La emigración a la ciudad ha producido la informalidad, el motor-concho, y los cordones de pobreza alrededor de las ciudades. Estos se caracterizan por sus barrios populares hacinados, ruidosos, violentos, con servicios de agua y electricidad improvisados y precarios que permiten el desperdicio de agua y energía eléctrica; por la carencia de controles sanitarios ante la construcción de letrinas y vertederos de basura sin supervisión; y por la incapacidad de enfrentar las epidemias de dengue y cólera que se han hecho crónicas.
Muchos campesinos dominicanos, en búsqueda de mejores condiciones para lograr que sus hijos estudiasen, han dejado sus tierras bajo aparcería en manos de campesinos haitianos. Un Director de una ONG que funciona en Haití, me llamó jubiloso para comunicarme que República Dominicana se había integrado al neoliberalismo internacional y ya los campesinos haitianos estaban cultivando la tierra en República Dominicana. Esta ha sido la mejor solución para el grave problema de desempleo y escasez de tierras cultivables en Haití. Particularmente porque los gobiernos haitianos y la comisión encargada de la reconstrucción en Haití, no han sido capaces de ofrecer a los damnificados viviendas permanentes ni tierras cultivables después de cerca de tres años del terremoto.
Pero para la sociedad dominicana, regresar a formas de aparcería, a salarios de miseria, a la tumba y quema para cocinar con carbón, destruir los sindicatos y las organizaciones campesinas autónomas, y colapsar los sistemas de salud y educación pública, no representa una solución. Representa una bomba de tiempo, porque los haitianos quieren lo mismo que los dominicanos quieren. Aumentar la brecha entre ricos y pobres, mientras se crea una sociedad étnicamente segregada, equivale a crear una sociedad más excluyente y más desigual. Una sociedad que busque en la emigración la única solución al infierno de la cotidianidad que se anida en los barrios marginales dominicanos.
Los mercados de trabajo manual no calificado bajan de precios ante la gran abundancia de trabajadores haitianos, con una población de 10.2 millones y un desempleo del 80%. De ésta manera, el estado dominicano convierte las principales ramas formales de la producción (agricultura, turismo y construcción) en mercados laborales segmentados por nacionalidad, como ocurrió con la industria cañera. Los dominicanos no calificados son relegados a la informalidad y a convertirse en objeto del proselitismo político y religioso con subvenciones estatales.
Ante esta situación, ni el gobierno ni el empresariado nacional o internacional asumen responsabilidad para facilitarles a los inmigrantes los servicios de salud y educación para sus hijos. Más bien se ven forzados a compartir con la población dominicana pobre los servicios de educación, salud, y saneamiento; de por sí precarios y de pésima calidad. Esta situación crea caos, y competencia entre los nacionales de ambos países, y crea además el colapso de los servicios. Por otra parte, la pobreza es mala consejera, y la violencia callejera es uno de los grandes males que arropa a la sociedad.
Este fue el plan que fue enunciado en enero del 2010 por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, y dado a conocer por WikiLeaks. El embajador se motivó al contemplar la solidaridad del pueblo dominicano con la tragedia sufrida en Haití y la ayuda que prestase el gobierno dominicano a los haitianos. Se inspiró para escribirle a diversos departamentos del gobierno de los Estados Unidos a no contemplar un Plan Marshall para Haití, sino un Plan Hispaniola. Negarle a Haití un plan similar al Plan Marshall ha sido el equivalente de condenar a la isla a ser la cenicienta de trabajo semi-esclavo para las grandes corporaciones; y a mayores niveles de contaminación y erosión con las industrias de extracción que son atraídas por sus riquezas minerales.
Después de dos años y medio del terremoto y de la integración económica enunciada por el Plan Hispaniola, nos preguntamos porqué, las condiciones de vida en República Dominicana y Haití, no reflejan el desarrollo que el Embajador Estadounidense tan apasionadamente defendió en éste documento y envió a tantos departamentos del gobierno estadounidense. ¿Ingenuidad bien intencionada o cinismo para controlar la emigración haitiana con destino a la Florida? [5] A continuación traduzco el comentario final del documento:
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